El martes por la tarde, un operativo de Gendarmería Nacional permitió la captura de Brian Bilbao (41 años), considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del país, y que estaba prófugo desde 2023. La detención se concretó en un campo cercano a Pergamino, provincia de Buenos Aires, donde el acusado había llegado para retirar un cargamento de 956 kilos de cocaína transportado en una avioneta que aterrizó minutos antes.

El despliegue se enmarcó dentro de una investigación que la Justicia Federal mantiene abierta desde hace dos años por narcotráfico y lavado de dinero. Bilbao, que figuraba en la lista de los prófugos más buscados, fue sorprendido cuando intentaba cargar los paquetes de droga en una camioneta. Según trascendió, durante la persecución los efectivos lograron detener a uno de los vehículos y, en su interior, identificar al sospechoso.

En paralelo, según informó LA NACIÓN, otra aeronave vinculada a la misma red se estrelló en las afueras de Arequito, Santa Fe. En el lugar, los uniformados hallaron dos bolsos con aproximadamente 60 kilos de cocaína. Si bien aún no hay detenidos por ese episodio, los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) no descartan que ambos vuelos respondan al mismo circuito de tráfico aéreo que operaba Bilbao.

Red logística

La caída de Bilbao representa un golpe a una organización que -según los investigadores- logró desarrollar una red logística inédita en el centro del país, con pistas propias, aviones y sistemas de comunicación encriptados.

Cayó el líder de una organización narcocriminal que realizaba “bombardeos aéreos” de cocaína

Su nombre ya había aparecido en el expediente “Cosecha Blanca”, una megacausa iniciada en 2023 tras el secuestro de tres avionetas, armas, dinero y documentación en Rosario, Roldán, Funes y otras localidades del sur santafesino.

Desde entonces, Bilbao permanecía prófugo. Se movía entre distintas provincias utilizando identidades falsas y, de acuerdo con las sospechas, habría continuado coordinando vuelos con cargamentos de cocaína desde Bolivia y Paraguay hacia territorio argentino.

Los fiscales sostienen que su estructura no sólo se dedicaba al transporte de estupefacientes, sino también al lavado de dinero a gran escala, con inversiones en empresas de espectáculos, bares, agencias de taxis y hasta una planta de biodiésel.